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El pasado martes, representantes de empresas constructoras y de fabricantes de materiales manifestaron su postura ante la correspondiente proposición de Ley de Morosidad en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

Las constructoras pidieron que la Ley establezca que la Administración sea "la primera" en cumplir con el plazo del pago de sus deudas para, poco a poco, trasladar los plazos al resto de la cadena productiva.

Aunque valoran la propuesta de acortar el plazo de pago del sector público de los 60 días de la actualidad a 30 días, lo que realmente exigieron hoy es el cumplimiento "efectivo" de dicha norma, lo que facilitará que el "flujo de liquidez llegue a toda la cadena productiva".

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano indicó que es necesario el "crédito previo" antes de acometer un contrato público, para evitar que los órganos de contratación digan que "no tienen dinero", por lo que defendió la "libertad de pacto", sin perjuicio del establecimiento de unos plazos máximos de pago "cuando el sector esté lo suficientemente maduro".

El presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), David Taguas, coincidió con Lazcano al afirmar que "resulta difícil admitir" que las Administraciones vayan a pagar a las empresas a 30 días. Apuntó que, si las constructoras tienen que pagar a los proveedores a 60 días pero van a seguir cobrando del sector público a un promedio de 157 días, "es obvio que dependerán de un escaso y caro crédito bancario para financiarse".
Esto supondrá, a su juicio, el estrangulamiento de tesorería que les impedirá desarrollar su actividad, la paralización de obras, los concursos de acreedores, los expedientes de regulación de empleo y la caída de los pedidos de materiales y subcontratas. Por ello, pidió primero que las Administraciones Públicas se pongan al corriente en el pago de su deuda vencida, que a finales de 2008 ascendía a 16.400 millones de euros (1,5% del PIB), así como que se modifiquen las normas que regulan la financiación autonómica y local. Como medida transitoria, propuso introducir el sistema del "confirming", por el cual la constructora pacta el pago al proveedor a más de 60 días, a cuyo vencimiento una entidad financiera le pagará la factura a cambió de adquirir sus derechos de cobro que ejecutará después a la empresa contratista con intereses.

La patronal de fabricantes de materiales de construcción (Cepco) recalcó su petición de "declarar nula" cualquier cláusula de contrato por la que se renuncie a los derechos incorporados en la Ley contra la Morosidad, lo que supone imposibilitar los pactos entre contratantes para ampliar los plazos. Así lo manifestaba su  director general, Luis Rodulfo, quien también pidió que la Comisión Nacional de la Competencia elabore un informe anual sobre los sectores más críticos -construcción y alimentación- y la creación de una comisión de seguimiento y cumplimiento de la Ley.